Intensifican EUA medidas para frenar cruces ilegales

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 2 de enero del 2024.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a más de 142 mil inmigrantes en el año fiscal 2023, casi el doble que el año anterior, mientras la administración Biden intensificaba la aplicación de medidas para frenar los cruces fronterizos ilegales, según el informe anual de la agencia, publicado el viernes.

Casi 18 mil de los deportados eran padres e hijos que viajaban como unidades familiares, superando los 14 mil 400 expulsados bajo la administración Trump en el año fiscal 2020.

Los funcionarios federales dijeron que las deportaciones se adhirieron a la estrategia de aplicación de la ley de la administración Biden, que la Corte Suprema confirmó en junio. Los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente y aquellos que cometen delitos violentos o que de otro modo representan una amenaza para la seguridad son prioridades de expulsión. El informe de ICE cubrió el período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.

El aumento de las deportaciones es más un reflejo del elevado número de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México que la aplicación de medidas internas, que Biden ha desalentado en la mayoría de los casos.

“ICE continúa desarticulando organizaciones criminales transnacionales, eliminando amenazas a la seguridad nacional y pública, defendiendo la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos y colaborando con colegas de todo el Gobierno y las fuerzas del orden en la consecución de nuestra misión de mantener seguras a las comunidades de Estados Unidos”, dijo el director adjunto de ICE, Patrick J. Lechleitner, en un comunicado.

Sólo 2 mil 500 de los 72 mil no criminales deportados de Estados Unidos en el año fiscal 2023 se encontraban en el interior del país, donde docenas de ‘ciudades santuario’ y pueblos han aprobado ordenanzas que buscan limitar la detención de migrantes por parte de ICE. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo en 2021 que ser indocumentado no debería ser la única base para expulsar a alguien del país.

El presidente Biden asumió el cargo prometiendo crear un sistema de inmigración más humano e intentó suspender temporalmente las deportaciones con la esperanza de que el Congreso creara un camino hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Pero esa esperanza se desvaneció en medio de una feroz resistencia de los republicanos y la desaprobación pública del número récord de detenciones en la frontera, que superó los 2 millones por primera vez en 2022 y se espera que vuelva a hacerlo este año.

No obstante, la administración Biden ha reducido drásticamente la aplicación de la ley en el interior, deteniendo las redadas de inmigración en los lugares de trabajo y evitando que la mayoría de los inmigrantes indocumentados sean deportados. Los funcionarios también dejaron de detener a familias en instalaciones administradas por ICE.

Pero los funcionarios también han advertido a los migrantes que no contraten a contrabandistas para que los lleven en un peligroso viaje hacia el Norte, hasta la frontera entre Estados Unidos y México, y han dicho que las personas que crucen la frontera enfrentarán sanciones. Los funcionarios han reinstituido las expulsiones a países como Venezuela y han publicitado las deportaciones como una señal para los inmigrantes de que el Gobierno hará cumplir las leyes de inmigración.

Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, que favorece la aplicación de la ley de inmigración, dijo que el aumento de las deportaciones sigue siendo una pequeña proporción de quienes llegan a la frontera Sur.

Las 18 mil unidades familiares deportadas el año pasado son mucho menos que los 621 mil padres e hijos detenidos en la frontera durante el mismo período. La mayoría fueron liberadas a la espera de una fecha en la Corte, dijo.

La carga de trabajo de ICE ha aumentado con Biden. El número de migrantes en el expediente de deportación ha aumentado de 2.6 millones en el año fiscal 2018 a aproximadamente 6.2 millones el año fiscal pasado. La agencia tiene aproximadamente 6 mil agentes de inmigración.

En total, los funcionarios deportaron a 142 mil 580 inmigrantes a unos 180 países el año fiscal pasado, incluidos más de 44 mil del interior y más de 98 mil de la frontera, según el informe. Otras 60 mil personas fueron expulsadas bajo una política de la era Trump que terminó en mayo.

En el año fiscal anterior, los funcionarios deportaron a más de 72 mil inmigrantes.

Vaughan criticó a la administración Biden por permitir la entrada de inmigrantes de todo el mundo sin un camino claro para quedarse permanentemente. Dijo que la administración podría haber remitido a los inmigrantes a programas de refugiados o deportarlos para controlar mejor la frontera.

“Básicamente, Biden suspendió la aplicación de las leyes de inmigración para todos los efectos, excepto contra los criminales más graves”, dijo. “Es por eso que hemos visto tal explosión en la migración ilegal. La gente sabe que si llegan a la frontera se les permitirá entrar”.

La administración Biden ha dicho que la pobreza y la inseguridad política están alimentando los niveles más altos de migración mundial desde la Segunda Guerra Mundial. En el Hemisferio Occidental, dicen los funcionarios, los inmigrantes están escapando de gobiernos autoritarios, la violencia y la pobreza, con la esperanza de comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

Los defensores de los inmigrantes han dicho que las políticas anteriores que obligaban a los inmigrantes a ir a ciudades peligrosas en México eran inhumanas y han instado al Congreso a actualizar las leyes de inmigración para ayudar a abordar el problema. Líderes empresariales y organizaciones sin fines de lucro han señalado que Estados Unidos necesita desesperadamente trabajadores, con aproximadamente 10 millones de puestos vacantes.

Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, una coalición nacional que se opone a la detención de inmigrantes, expresó su preocupación por el aumento de las deportaciones y atribuyó a los defensores locales el mérito de frenar las deportaciones desde el interior de Estados Unidos.

“Gran parte de eso se debe al movimiento que dice que no queremos que ICE haga de los miembros de la comunidad su objetivo”, dijo.

Dijo que los defensores estaban consternados de que Biden haya dado marcha atrás en su promesa de campaña de poner fin a la detención privada, que sigue siendo el pilar de los más de 100 centros de detención en todo el país.

“Es muy desafortunado”, dijo.

ICE, que cumplió 20 años este año, tiene más de 20 mil empleados y un presupuesto anual de más de 8 mil millones de dólares. La agencia hace cumplir las leyes civiles de inmigración y también investiga delitos, como el tráfico de drogas y el tráfico de personas.